Con la finalidad de agilizar la búsqueda y localización de las y los menores extraviados en la entidad, la 60 Legislatura estatal emitió un exhorto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y al Comité para la Implementación del Programa Alerta AMBER Estado de México a que involucren a los 125 ayuntamientos en la difusión de las alertas.

En sesión del Primer Periodo Ordinario que preside la diputada Azucena Cisneros Coss, la legisladora Liliana Gollas Trejo (morena) presentó el punto de acuerdo, dispensado del trámite de dictamen, por el cual “se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y presidente del Comité para la Implementación del Programa Alerta AMBER Estado de México [Alejandro Jaime Gómez Sánchez] a efecto de que se haga del conocimiento de las presidencias municipales la activación de dicha alerta”.

También exhorta “a los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos se coordinen con sus áreas de comunicación social para que coadyuven en la difusión dentro de sus municipios de las alertas que reciban, utilizando todos los medios a su alcance, con la finalidad de agilizar la búsqueda y lograr la localización de las y los menores extraviados dentro de nuestra entidad”.

Al señalar que la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, A.C. indica que el Estado de México está a la cabeza de las entidades federativas con mayor número de niños y adolescentes desaparecidos, y que Ecatepec, Chimalhuacán y Tecámac son los de mayor incidencia, la legisladora puntualizó que es clave que desde el ámbito municipal se refuerce la cooperación para disponer de los canales, dispositivos y estrategias de comunicación para coadyuvar en la búsqueda y localización de menores desaparecidos.

Indicó que, según el informe anual de 2016 presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de ese año en el país hubo 29 mil 485 casos de personas extraviadas o no localizadas, de los cuales dos mil 634 se registraron en la entidad, lo cual la posicionó en segundo lugar nacional, solo detrás de Tamaulipas.

Aunque aceptó que el Protocolo de la Alerta AMBER Estado de México establece que entre las dependencias que deben sumarse a la difusión de alertas están los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia municipales, la legisladora consideró de suma importancia que se agreguen las presidencias municipales a través de las áreas de comunicación social.

De acuerdo con cifras de la FGJEM, explicó la diputada Liliana Gollas Trejo, de 2013 a junio de 2017 se emitieron 798 alertas AMBER, con las cuales se logró la recuperación de 692 menores y 106 continuaron como pendientes, aunque de los localizados 13 de ellos perdieron la vida por diferentes causas.

También citó datos de la Comisión para la Búsqueda de Personas en el Estado de México los cuales señalan que enero de 2014 a la fecha en la entidad suman cuatro mil 54 personas desaparecidas.

ANALIZARÁ LA LEGISLATURA MÁS RUTAS HACIA LA EQUIDAD Y LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Para fortalecer la legislación que permita prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género en los partidos políticos, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diferentes artículos del Código Electoral del Estado de México.

Al señalar que la violencia política continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, la legisladora explicó que con las reformas y adiciones a los artículos 7, 9, 37, 168, 185, 256, 390, 460, 461, 462, 463 y 465 del Código Electoral del Estado de México se busca que los partidos políticos tengan la obligación de promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.

PIDE PVEM AL GOBIERNO ESTATAL MÁS ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En nombre del Partido Verde del Estado de México (PVEM), la diputada María Luisa Mendoza Mondragón presentó ante el Pleno un punto de acuerdo para exhortar al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social y a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género a que implementen las acciones idóneas para erradicar la violencia por razón de género.

Aunque reconoció avances en la entidad en materia legislativa para proteger a las mujeres, señaló que la detención de los presuntos feminicidas seriales, Juan Carlos “N” y Patricia “N”, se diera tras 10 años de operación y después de 20 víctimas en su historial, y señaló que el caso no es único en la entidad y no se debe usar para dar carpetazo a investigaciones de feminicidios que han quedado inconclusas.

PLANTEA EL PRD AMPLIAR PRESTACIONES A SERVIDORES PUBLICOS POR PATERNIDAD

En nombre del Grupo Parlamentario del PRD, su coordinador, el diputado Omar Ortega Álvarez, presentó una iniciativa para modificar el artículo 65 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de la entidad en materia de paternidad, a fin de lograr, dijo, una igualdad y equidad entre el hombre y la mujer y garantizar el derecho a la progresividad.

La iniciativa aborda cuestiones respecto de licencias de paternidad y de ser aprobada, la ley otorgaría al varón diez días hábiles con goce de sueldo cuando su concubina o esposa dé a luz a un bebé y, en el caso de que fallezca la madre durante el parto, el padre tendría derecho a una licencia de 45 días para garantizar el sano desarrollo del menor. Asimismo, se le otorgarán 30 días para cuidados médicos cuando la salud del recién nacido se vea afectada.

PROPONE MAX CORREA CREAR UN SISTEMA DE ALERTAS PARA PREVENIR Y MINIMIZAR DAÑOS POR DESASTRES

El diputado Max Agustín Correa Hernández (morena), presidente de la Comisión de Protección Civil de la 60 Legislatura, presentó al Pleno una iniciativa para crear el Sistema Múltiple de Alertas Tempranas y Emergencias del Estado de México (SMATEEM), que coadyuve a prevenir y minimizar riesgos.

Su iniciativa, explicó, busca que se instale la infraestructura necesaria para que la entidad pueda actuar con anticipación ante desastres naturales y garantizar el derecho a la protección civil y a la seguridad de los mexiquenses ante la presencia de agentes perturbadores, tutelando como bien jurídico la vida, la integridad física, el patrimonio, el medio ambiente, el bienestar y el desarrollo integral.

En sesión del Primer Periodo Ordinario que preside la diputada Azucena Cisneros Coss (morena), Max Correa explicó que la iniciativa retoma la propuesta presentada el 29 de septiembre de 2016 por el diputado de morena Abel Valle Castillo, agregando el término “múltiple” al sistema para destacar que no se trata de una sola alerta, sino de una pluralidad de alertas derivadas de los posibles fenómenos o agentes perturbadores a que se encuentra expuesta la población en territorio mexiquense.

Esta propuesta toma en cuenta, además, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, referentes a la importancia de los sistemas de alerta temprana como herramientas cruciales para la protección de los ciudadanos.

PRESENTA LA COMISION DE PROTECCIÓN CIVIL SU PLAN DE TRABAJO

Antes, en reunión de la Comisión Legislativa de Protección Civil, su presidente, el diputado Max Correa dio a conocer su plan de trabajo y la organización interna de este órgano parlamentario. Puntualizó que el objetivo principal será entregar un marco jurídico acorde a los retos actuales y futuros del Estado de México en esta materia, y atender las necesidades básicas de gestión integral de riesgos, prevención y atención de emergencias.

Sostuvo que las prioridades de la comisión serán fortalecer la legislación de Protección Civil de la entidad, promover la participación de los mexiquenses, organizar foros de consulta y promover la cultura de la prevención a través de los medios de comunicación.

La misión de este órgano legislativo, agregó, será alcanzar una política eficaz en la materia, que promueva la participación de las instituciones responsables y de los distintos órdenes de gobierno.