El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentaron la estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas.

A los familiares de las víctimas, el presidente expresó pesar por su sufrimiento y al mismo tiempo, el compromiso de hacer lo posible para ayudarlos.

“Hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo. Estamos hablando de más de un millón de víctimas, ese fue el saldo, desde que se declaró la guerra absurda para enfrentar la violencia”, expresó.

Aseguró que “nunca más se utilizará la fuerza para resolver problemas sociales que surgieron por la desatención al pueblo”.

El jefe del Ejecutivo dijo que no faltarán recursos para la localización e identificación de personas desaparecidas, así como la prevención, investigación y sanción de estos delitos. Este año se destinarán 400 millones de pesos que serán plenamente ejercidos por la Comisión Nacional de Búsqueda.

En colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, desde el Sistema Nacional de Seguridad se utilizarán 7 mil 500 millones de pesos del fondo de apoyo a la seguridad pública de los estados en labores de identificación forense, búsqueda, exhumación e implementación de un sistema único de información.

“Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, todo lo que humanamente sea posible. No van a faltar recursos y lo más importante de todo, además de la voluntad que tenemos, a cargo de este asunto tan lamentable está uno de los mejores servidores públicos que tiene la nación, Alejandro Encinas. Eso es lo que podemos dar en garantía”, subrayó.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, informó que esta administración recibió un saldo de 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses.

Indicó que realmente se implementará el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, el cual se instalará en marzo.

“Ha habido avances, sin lugar a dudas, en la elaboración de leyes. Pero lamentablemente en su implementación no solamente no se ha cumplido con los objetivos que se han planteado en ellas, sino que se ha caído en una profunda simulación”, remarcó.

Explicó que el objetivo fundamental de implementar la ley es diseñar las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.

“La verdadera reparación del daño en estos casos es la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables”, aseveró.

En estas labores, dijo, el gobierno federal requiere de la participación de los gobiernos estatales y sus fiscalías, así como de la participación de las familias de las víctimas.

Adelantó que el Sistema Nacional de Búsqueda podría quedar instalado en marzo y el próximo viernes podría definirse al responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya tarea fundamental será el establecimiento de un programa nacional consensuado con las víctimas sobre el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y las acciones de búsqueda, verdad y justicia.

“Vamos a proceder atendiendo no solamente las recomendaciones o denuncias que existan en el ámbito nacional, sino también todas aquellas sentencias que se deriven en materia de derechos humanos contra autoridades mexicanas, ya sean las emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como los de la Corte Interamericana; ya sea de la Corte Penal Internacional, porque nadie que haya vulnerado la vida, la tranquilidad de una familia, debe quedar impune. Sea quien sea el responsable va a ser castigado por la comisión de estos delito”, remarcó.

ACCIONES INNOVADORAS EN LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, elabora en coordinación con las organizaciones internacionales y organizaciones de víctimas, los protocolos homologados de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada; de búsqueda, exhumación e identificación y el desarrollo de un enfoque diferenciado para optimizar la búsqueda en todo el territorio nacional.

Además de la búsqueda de personas desaparecidas hace varios años, se dará prioridad a la búsqueda en vida, lo que permitirá recuperar a personas con vida, rescatarlas de actos de desaparición forzada y dar solución a problemáticas vinculadas con la trata de personas.

Tratamiento a las personas migrantes y diseño de protocolos de actuación con instituciones responsables de la seguridad pública para atender las zonas identificadas con situaciones de riesgo, es decir, donde se presentan con mayor incidencia estos delitos y que están ubicadas en Chiapas, Oaxaca,Veracruz y Tamaulipas, principalmente.

Hacer efectiva la capacidad de respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para revisar el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas; acompañamiento permanente en las búsquedas de campo, agilizando los procesos de registro de acceso a los fondos emergentes y fortalecimiento de la consolidación de las comisiones ejecutivas en los estados.

Conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un sistema nacional de coordinación con todos los servicios forenses en el país y el desarrollo de un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática.

Coordinación de la información respecto a la desaparición forzada en hospitales, en centros de atención psiquiátrica, en el Sistema DIF, en los centros de salud y atención de adicciones, en los centros de detención y reclusorios, en todo el sistema penitenciario, los servicios médicos forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, los albergues públicos y privados, y los panteones o lugares donde se depositan restos mortales.

Incluir estaciones migratorias, terminales de autotransporte y todos aquellos registros en un solo banco de datos, para dimensionar la situación y hacer frente. Para ello, se contará con asistencia técnica nacional e internacional.

Acuerdos con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros, para transmitir experiencias, ayudar a la capacitación técnica del personal responsable de la búsqueda, identificación y recursos para desarrollar estas tareas.

Continuar con la conformación de las comisiones locales y fiscalías especializadas en los estados, los cuales habrán de establecer mecanismos integrales de reacción e intercambio de información.

En cuanto a la tipificación del delito, establecer en la ley la plena responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los superiores jerárquicos o quienes emiten las órdenes para cometer este tipo de delitos.

Beneficios por colaboración eficaz y mecanismos de protección a testigos que proporcionen información para el esclarecimiento de hechos.