El Grupo Parlamentario de morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal para devolver al Poder Legislativo la facultad de calificar las cuentas públicas del estado y de los municipios y abrir la posibilidad de que la propia ciudadanía solicite auditorías especiales, en concordancia con el anhelo de fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción en el ejercicio del poder público.

El diputado Tanech Sánchez Ángeles, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, dijo al presentarla que con esta iniciativa se dan los primeros pasos para fortalecer la participación ciudadana en la fiscalización en el estado, constituida como una premisa fundamental para la consolidación democrática ligada a la rendición de cuentas.

Señaló que la fiscalización consiste en determinar la legalidad y la honestidad en el manejo de los fondos públicos, y por esto resaltó que la importancia de regresar la facultad de calificar la cuenta pública a la Legislatura radica en que se sientan nuevamente las bases de un control presupuestal claro y oportuno, ajeno a toda motivación política o de grupo.

De tal manera, dijo, se contribuirá a identificar los errores u omisiones, con el fin de reducir los actos de corrupción dentro de la administración pública, implementando para ello mecanismos que garanticen la utilización correcta de los fondos públicos.

Sostuvo que este momento coyuntural nos da muestra de una nueva forma en que la sociedad está viviendo la política, centrándose en la exigencia de mejorar su calidad de vida, la igualdad de derechos, la autorrealización individual, mayor participación en los asuntos públicos y en la consolidación de los derechos humanos.

“La rendición de cuentas y la revisión de las cuentas públicas son una exigencia de la transición democrática en que está inmerso México y del requerimiento de contar con un sistema de pesos y contrapesos, su finalidad es combatir y eliminar, por medio de la fiscalización, la corrupción en el ejercicio de la función pública”, enfatizó.

Además, dijo, la participación ciudadana no sólo invita a su involucramiento práctico con los asuntos del Estado, sino que incentiva a las instituciones públicas a mejorar su gestión y desempeño a sabiendas que estarán bajo la mirada ciudadana.

De acuerdo con el proyecto de decreto, el Poder Legislativo tendrá la facultad de recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los Municipios del año anterior.

En este sentido, revisará el informe de resultados y los informes de auditoría entregados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), así como el contenido de las cuentas públicas, y en Pleno calificará el dictamen relativo.

La calificación del citado dictamen no invalidará o suspenderá las responsabilidades que, derivadas de la fiscalización de las cuentas públicas, promueva el OSFEM en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y demás normatividad aplicable.

Además, el OSFEM rendirá un informe específico a la Legislatura y promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.

Por su parte, la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización tendrá, entre otras atribuciones, recibir y analizar las solicitudes de auditorías especiales presentadas por la ciudadanía y acordar, de ser procedente, la instrucción al Órgano Superior para practicarlas.

Los requisitos para que los ciudadanos puedan pedir la práctica de auditorías especiales son:

  1. Indicar el tipo de auditoría que se solicita.
  2. Los hechos, actos u omisiones que la motivan.
  3. Señalamiento de la autoridad responsable.
  4. Descripción de las pruebas que justifican la acción.
  5. Domicilio para recibir notificaciones.
  6. Nombre y firma de la persona solicitante.

Para su dictamen, la iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y a la de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización.