Está cerca de cumplirse un año desde que varios periodistas, activistas y defensores de derechos humanos acusaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto de espionaje. Las presuntas víctimas han denunciado este lunes los pobres resultados que en 11 meses ha arrojado la investigación emprendida, casi a regañadientes, por la Procuraduría General de la República (PGR). Las pesquisas solo han valorado nueve de 70 pruebas ofrecidas por la defensa. La Fiscalía tiene un duro papel frente a ella: investigarse a sí misma por haber comprado el software Pegasus, utilizado para infectar y acceder remotamente a la información en los teléfonos móviles de los objetivos de espionaje.

Un juez federal ordenó el lunes 21 de mayo a la Fiscalía investigar con seriedad un escándalo conocido en México como #GobiernoEspía. El togado pidió a las autoridades centrar la línea de investigación en la adquisición y posterior uso “ilegal” del programa. Este fue adquirido por la Agencia de Investigación Criminal, un organismo dependiente de la PGR, a la compañía NSO entre 2014 y 2015. Esta compañía solo vende el software a Gobiernos.

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